La Ley 11625 que fija disposiciones sobre los estados antisociales y establece las medidas de seguridad que indica, más conocida como la Ley de Estados Antisociales, es una ley chilena, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 4 de octubre de 1954. El objetivo de esta ley era condenar y penalizar diversas conductas y condiciones, entre ellas la drogadicción, el alcoholismo, la homosexualidad, la mendicidad, el falseamiento de identidad y la reincidencia delictual.[1] Entre las medidas que se proponían en la ley era la internación en colonias agrícolas o centros de reclusión y/o trabajo a fin de alejarlos del resto de la sociedad.[2]
Dado que gran parte del contenido de la ley requería de la dictación de un reglamento por parte del presidente de la República, lo cual nunca se realizó, en la práctica la Ley de Estados Antisociales nunca fue aplicada y su Título I junto con otros artículos fueron derogados mediante la Ley 19313, publicada el 21 de julio de 1994.[3][4]