Las protestas en Venezuela de 2017 fueron una ola de protestas a nivel nacional e internacional en contra del presidente Nicolás Maduro originada por la crisis institucional de Venezuela y otros eventos relacionados con la conflictividad política de ese país en los meses precedentes, principalmente posteriores a las elecciones parlamentarias de 2015[125] que terminaron con un saldo de 163 muertos,[119] 2977 heridos y 1351 detenidos, según el Foro Penal Venezolano.[123][120]
Después de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente que asumió las competencias de la Asamblea Nacional, que fue considerada por el Tribunal Supremo de Justicia en desacato,[126] y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, se originó una nueva oleada de protestas y una crisis constitucional en Venezuela por la «ruptura del hilo constitucional». Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos de la región, fue mayoritariamente negativa, llegando a ser calificadas dichas acciones como un «autogolpe de Estado» que buscaba desempoderar a la Asamblea Nacional, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país.[127]
En Venezuela, el índice inflacionario correspondiente a este periodo ―según estimaciones privadas― habría sobrepasado el 500 %.[128]Mientras que para inicios del año 2017, en los últimos tres años de gobierno de Nicolás Maduro, la delincuencia era elevada, de hecho, en el país habían sido asesinadas 81 334 personas,[129][130] sumando así 287 926 muertes violentas en todo el país en las últimas dos décadas. El 27 de abril de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro ordena el retiro de Venezuela de la OEA, y las relaciones diplomáticas de Venezuela con los demás países cayeron a un punto crítico.[131][132][133]
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó en un informe que «los manifestantes fueron víctimas de vulneraciones y abusos de derechos humanos» y «la mayor parte de la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana» con «responsabilidad también de los colectivos o milicias armadas aliadas del gobierno», denunciando que las fuerzas gubernamentales incrementaron el «uso letal» y «sistemático» de determinados armamentos como granadas de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes, a corta distancia.[134]