Reforma previsional en Argentina de 2017 | ||
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Momento en el cual la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprueba la reforma | ||
Tipo | Ley | |
Promulgación | diciembre de 2017 | |
La reforma previsional en Argentina de 2017 fue una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri.[1] Fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina en diciembre de 2017 a través de la ley 27.426 [2] Buscaba elevar el mínimo de edad jubilatoria de 65 a 67 años para los hombres, la reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019, con un recorte presupuestario en seguridad social de 72.000 millones ARS (aproximadamente 4.100 millones USD) para el año fiscal 2018.[3] Como primera medida, la reforma eleva la edad jubilatoria a 70 años la ley sancionada modifica la Ley de Contrato de Trabajo, de manera tal que la facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse sólo pueda ejercerse a partir de los 70 años de edad del trabajador.[4]
Durante el mes que se trató la ley, hubieron masivas movilizaciones en contra de la reforma a las puertas del Congreso, con fuertes disturbios que hicieron retroceder a la policía varias veces.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) iba a la huelga de 24 horas del mediodía de ese lunes 18 de diciembre; por la noche, se inició un cacerolazo en donde participaron decenas de miles de vecinos que, espontáneamente, salieron de sus casas en señal de protesta por la Reforma Previsional. A su vez, el gobierno desplegaba todos los recursos políticos a su alcance para garantizar los votos a la mencionada reforma. Y así fue cómo se gestó el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa.
Se menciona este hecho para que no nos olvidemos que la actual reforma de las jubilaciones formó parte del pacto fiscal que el presidente Maurico Macri, firmó con las provincias en noviembre de 2018. A cambio, los gobernadores consiguieron los fondos necesarios del gobierno central. Es decir, se pudo haber repetido el mismo patrón de 2001, pero no ocurrió porque las condiciones económicas no fueron las mismas, por ejemplo, el tipo de cambio, la estabilidad bancaria y no se tenía una deuda externa grande
Para que se entienda, el centro de la Reforma Previsional era el cambio de la fórmula con la que se actualizan los beneficiarios de la Seguridad Social.
En horas de la madrugada, de ese 19 de diciembre, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 128 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.Tras la aprobación de la norma se produjeron cacerolazos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, los principales cacerolazos en Capital se dieron en la zona de Plaza de Mayo, Corrientes y Medrano en Almagro, Acoyte y Rivadavia en Caballito, en Cabildo y Juramento, al igual que en Boedo y Colegiales. Sobre la medianoche, también había un ruidoso cacerolazo en Olivos frente a la Quinta Presidencial. [5]
Al día siguiente la ciudad de Buenos Aires, amaneció con la imagen de los políticos que votaron a su favor, del odio social a la vulneración de los más desprotegidos, pero la clase política se mantuvo sorda al repiqueteo de las cacerolas y vilipendiada por una sociedad renuente a la Reforma Previsional, ya aprobada.
Por medio de la Ley N°27.426 denominada como “Reforma Previsional”, se modificó la Ley N°24.241 y la Ley N°26.417, referidas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a la movilidad de las Prestaciones Previsionales, respectivamente. Asimismo, se efectuaron algunas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744.
Se modificó el cálculo de movilidad de las prestaciones establecido en el Artículo 32 de la Ley N°24.241. La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. La primera actualización se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.
El Estado nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta (30) años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 y sus modificatorias vigente en cada período.
Asimismo, se modificaron los artículos 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporándose como requisito la edad de 70 años del trabajador para iniciar los trámites jubilatorios a aquellos empleados que se encuentren en condiciones de hacerlo, y, los casos en que un jubilado, titular de un beneficio previsional, volviera a prestar servicios en relación de dependencia y modificaba la fórmula y frecuencia de actualización del valor monetario de los haberes previsionales pasando de actualizaciones mensuales a cuatro al año.[4] En particular, se estableció que los haberes previsionales se ajustasen trimestralmente en función de la variación de la inflación y los salarios durante el penúltimo trimestre. Gran parte de la ley fue declarada anticonstitucional por la Corte Suprema de justicia a fines del año 2018.[6]
Lo que quedaba de la ley fue reemplazada en diciembre de 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández mediante la Ley solidaridad social y reactivación productiva que estableció un nuevo cálculo para los haberes jubilatorios acordé a La inflación[7] por decreto de necesidad y urgencia.
La reforma alcanzó a jubilados, pensionados, asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, y a los veteranos de la guerra de Malvinas.[8] Los objetivos de la reforma, según su proponentes, fueron aumentar la sustentabilidad del sistema jubilatorio, la reforma fue elaborada por Federico Sturzenegger, economista del equipo de Fernando de la Rúa y más tarde ministro de Mauricio Macri.[9]
Según estimaciones al momento de aprobación de la ley, la reforma hubiese implicado una reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019.[3][4]