Las relaciones exteriores de Argentina son las relaciones que tiene dicho país con los demás países del exterior, tanto en el campo político, como en los campos económico, comercial, militar, jurídico, cultural, geopolítico y geoestratégico. Desde sus inicios, la Argentina ha sido un actor primordial en Sudamérica y ha jugado un rol importante en el escenario político global, aunque su orientación y alianzas han variado mucho a lo largo del tiempo y de los diferentes gobiernos. Aun así, la Argentina se ha caracterizado, en general, y con algunas excepciones, por un mayor nivel de autonomía respecto de las grandes potencias, y una política exterior más soberana, en comparación con otros países latinoamericanos, debido a su mayor nivel de desarrollo, a la percepción de tener un rol importante que jugar en el mundo, y al mayor peso que han tenido a lo largo de su historia ideologías, intelectuales y corrientes antiimperialistas. En ese sentido, su política exterior es comparable a la de otras potencias intermedias.
Las relaciones exteriores de Argentina son gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Actualmente, el Canciller es Gerardo Werthein.
Participó en cada fase de la operación de Haití y también ha contribuido en operaciones pacificadoras en diversas zonas del mundo. En reconocimiento a sus contribuciones a la seguridad internacional y a la pacificación, el presidente estadounidense Bill Clinton designó a la Argentina como aliado importante extra-OTAN en enero de 1998.[1]
La Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur, Aurora y Georgias del Sur, administradas por el Reino Unido, junto con sus espacios marítimos circundantes.[2] Asimismo, reclama casi 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida que no son reconocidos por otro país, excepto parcialmente por Chile.
Durante 2006 comenzó un litigio con Uruguay debido al inicio de las obras de una planta celulósica de la empresa finlandesa Metsä-Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos. La Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay.[3]